Diferencias entre Memoria Histórica y Memoria Democrática

Imagen: Exhumación en Piloña (Asturias) - archivo ARMH 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas personas creen que los conceptos Memoria Histórica y Memoria Democrática vienen a significar lo mismo, o parecido, y que el único elemento que las discrimina es la Ley que las desarrolla; la primera con la Ley 52/2007 que se centraba en el reconocimiento individual y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura; mientras que la segunda se vincula a la Ley 20/2022 que sitúa al Estado Español como responsable de la búsqueda de los desaparecidos y amplía el marco temporal hasta la Transición.

Pero, en realidad entre ambas categorías existen varias diferencias que están relacionadas con su enfoque, alcance y evolución legislativa. 

Claves conceptuales:

• De lo privado a lo público: La Memoria Histórica dependía en gran medida de las solicitudes de los familiares, a título privado, lo que retraía la posibilidad de realizar exhumaciones, debido al coste que conllevaban. La Memoria Democrática convierte la recuperación de la historia y de los cuerpos de las fosas comunes en una política pública obligatoria para las instituciones españolas. Pese a que en ambos casos existen fondos para llevar a cabo estas labores, en la anterior Ley, el Estado no asumía de forma directa estas operaciones, lo que hacía era establecer un sistema de subvenciones competitivas que se otorgaban principalmente a las asociaciones de víctimas, familiares o fundaciones privadas, encargadas de solicitarlas. Bajo la Ley actual, la búsqueda, localización, exhumación e identificación de las personas  desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura es una obligación directa del Estado que  canaliza de forma periódica partidas presupuestarias específicas, subvenciones y transferencias de fondos orientadas de la siguiente manera:

• Transferencias a Comunidades Autónomas: Se distribuyen anualmente entre los gobiernos autonómicos para la localización y análisis de fosas. Pero, en caso que dichas Instituciones no realicen las labores marcadas por la Ley, por dejadez o manifiesta negación, el Estado Central puede retener, retirar o suspender esos fondos. Con ello se pretende evitar que algunos Ayuntamientos desvíen el dinero cuyo destino serían las exhumaciones y restitución de restos a familiares, hacia otras actividades que nada tienen que ver.  

• Subvenciones directas a Entidades Locales: Se otorgan fondos específicos a ayuntamientos y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para intervenir en las fosas comunes municipales

• Proyectos de gran envergadura y dignificación: Financiación directa para actuaciones complejas en ubicaciones clave (como el Valle de Cuelgamuros) y para la creación de memoriales donde depositar restos no identificados. 

• Fomento de la cultura democrática: El concepto más moderno no solo busca recordar la violencia o la represión, sino poner en valor los movimientos y figuras que construyeron las libertades en España, destacando la lucha antifranquista y el rol de las mujeres que fueron marginadas durante el relato de la dictadura, vejadas por el mismo en cárceles, reformatorios o en instituciones como el "Patronato de Protección a la Mujer", operativo desde 1941 hasta 1985; y también posteriormente, ya en Democracia, apareciendo desfiguradas, como personajes secundarios, en las primeras recopilaciones que, intentando enfrentar el relato franquista, solo observaban el papel masculino en la resistencia. 

• Régimen sancionador: La legislación de Memoria Democrática introduce multas específicas para evitar la apología del franquismo y la humillación de las víctimas, algo que no estaba regulado con el mismo peso en la ley anterior. 

  Algunas controversias:

  Existen quienes opinan que esta Ley no es justa pues los que fallecieron luchando en el bando golpista quedan fuera de su amparo. La explicación viene dada porque estas personas, casi todas ellas muertas durante la Guerra Civil, ya recibieron la consideración del régimen, mientras que los muertos del otro lado, el republicano o inocentes que pasaron por el lugar menos adecuado en un momento "no indicado", siguen aventados a cunetas, en el olvido social y simbólico.   

  Otros pretenden incluir a los muertos durante la Revolución de Octubre de 1934; en este caso el legislador español, de acuerdo con la Justicia Transicional, considera que la gran diferencia se debe a que en 1934, la violencia se dio dentro de la legalidad constitucional de la Segunda República; fue una insurrección armada y popular - no de parte del ejército - contra un gobierno legítimo; y tanto esa revolución como la posterior respuesta violenta de los aparatos de ese mismo Estado democrático causaron las muertes. Por contra, el sistema de gobierno que surgió tras la Guerra Civil, se refiere a un régimen ilegítimo y dictatorial nacido tras un golpe de estado. 

  Todos los asesinados por los revolucionarios en octubre del 1934, entre ellos sacerdotes, monjas, guardias civiles y otras personas de ideología afín al gobierno conservador, fueron reconocidos por el franquismo, en cambio los "insurrectos" caídos, caso de la "Fosa de Carbayín" o la Fosa junto al desaparecido cementerio de San Pedro de los Arcos, no han sido reconocidos oficialmente por los gobiernos, sino que sus memorias y panteones de recuerdo han sido gestionados por colectivos memorialistas, agrupaciones políticas, sindicales o colectivos afines a la República. Así, cuando son vandalizados no se ven amparados ni recuperados por la Ley de Memoria Democrática, sino por los colectivos antes citados.