No
hay cosa que más me preste en esta vida que tomar un café por la mañana, antes
de entrar a trabajar y leer la prensa diaria. Aunque afortunado por poder
seguir haciéndolo día a día, lo que significa que sigo vivo y mucho más difícil
aún con trabajo, hay veces que maldigo una y mil veces, no el sabor del café,
que a esas horas todos son igualmente buenos, sino el instinto de esperar
agazapado entre la penumbra del bar hasta que el último lector deja libre su víctima
apilada en una esquina de la barra, y me abalanzo sobre ese conjunto de hojas
que en manos humanas vuelve a ser un periódico.
El
pasado lunes una noticia desconcertante, que parecía haberse adelantado al 28
de diciembre, fecha que sería entendida más propicia, me hizo restregarme
airadamente los ojos…”Nun pue ser” grité mientras botaba mi culo sobre la
silla. Esto, seguro, era fruto de un error de imprenta y la “broma” se había
adelantado casi quince días, o se trataba de un titular sensacionalista, para
enganchar al lector, que encabezaba un trabajo de investigación sobre las leyes
de seguridad ciudadana del franquismo. ¡ O qué se yo…! Pero no
desgraciadamente, a medida que iba leyendo las excusas se me agotaban. No, no
se trataba era una broma de la prensa sacada a destiempo, era por contra hija
del cruel destino. Sí amig@s sí, volvíamos a un estadio similar al de 1957 año
en que el “pachismo” sacó al mercado la Ley de Orden Público. Para que veáis su
similitud reproduzco literalmente a manera de investigación etnográfica,
mientras no sea delito ser antropólogo, un párrafo de aquélla: “Una manifestación "no autorizada" o
que se desarrollara fuera de los límites "permitidos por la
autoridad" podía versa sancionada con una multa de hasta 500.000 pesetas”. Lo dicho, salvo las pesetas por los euros,
pocas cosas difieren; como dice el
proverbio, que nunca miente, bienaventurados los que a los suyos se parecen.
Pero la cosa no queda ahí, porque desgraciadamente, esta nueva ley de vagos y
maleantes ya había sido criticada
duramente, en fechas anteriores, por concienciados intelectuales, periodistas no afines y
no tanto como debiera por los políticos de la oposición, algo que echo en
falta. La noticia iba más allá, plus ultra como la operación que se estilaba en
los años sesenta y setenta ensalzando los valores patrios de los jóvenes
españoles flechas por mor la falange, se comentaba en ella la reciente
aprobación, por la ley y el derecho de la mayoría absoluta parlamentaria, de la
elaboración de una lista de personas peligrosas, que el Ministerio del Interior
iba a poder crear y recrear a su gusto para estigmatizar a tod@s
aquellos españoles no afines a la dialéctica trascendental castellana. La
Antropología, como ciencia que estudia la cultura humana y sus manifestaciones
a lo largo de la Historia, nos advierte del peligro de realizar ciertas
categorizaciones sobre los grupos humanos, porque siempre llevan a
discriminaciones y, en algunos casos, delitos de lesa humanidad.
Y
como decía Mayra Gómez Kemp “hasta ahí puedo leer”, porque no me lo llevan las
entrañas y porque es un suma y sigue a otras leyes contra la manifestación
pública, las acampadas reivindicativas en lugares públicos, a las que torpedean
por la proa la solidaridad de los que acompañan a los desahuciados en su vía
crucis personal, o a las que ningunean, por no ser soez, las libertades del ciudadano y las que permiten la
devolución en caliente de los inmigrantes “cazados” en frontera. Algo que
chirría incluso para un lego en materia de Derecho como yo y que creo no está
muy en la línea de los Derechos Humanos Internacionales, revocando para el caso
de España la Declaración Internacional de los Derechos Humanos borrando de su
manifiesto muchos de los renglones esenciales.
Por
ejemplo, esta ley dejaría en pelotas y como terroristas a un tipos de la calaña
de Martin Luther King, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, Desmond
Tutu, el Dalái Lama, Rigoberta Menchú, Nelson Mandela, Kofi Annan, Jimmy
Carter, Muhammad Yunus, Al Gore, Barak Obama... porque tod@s
ellos en algún momento de sus vidas defendieron la desobediencia civil y la
practicaron y organizaciones internacionales como UNICEF, Cruz Roja y Media
Luna Roja, ONU o la propia Unión Europea, porque irían en el mismo carro de
premios Nobel de la Paz.
Es
el deseo de este humilde profesor de L'Entregu, aficionado a “scrachear” desde
las ondas y la prensa, que nuestro gobierno recapacite sobre el daño que puede
suponer esta norma en el espíritu de la Constitución, que en tan alta estima tienen, y la libertad de un país en riesgo de exclusión, con más de trece millones de
compatriotas en esa misma situación y casi un millón de familias sin un euro que
llevarse al bolso mensualmente. Salvo que el cobro de multas por desobediencia
civil, que sirve solo para reducir míseramente el déficit público, sea lo
verdaderamente importante o que la voz crispada y cansada del pueblo, que no de
quienes se autoproclaman como sus dignos representantes, les pongan nerviosos
en exceso.
Por cierto, si el
artículo no mentía cualquier ciudadano independientemente de su vinculación
probada con delitos, crímenes, faltas o causa sub-iudice, puede integrar la
lista de proscritos, me pregunto lo siguiente. Todos los imputados y presuntos
corruptos de la política patria ¿irán en cabeza?.
